El Gobierno no aclara las condiciones para las gestoras de los nuevos planes de pensiones

El Gobierno no ha aclarado las condiciones de los nuevos planes de pensiones de impulso público, ni en lo referente a comisiones que tendrá ni al patrimonio requerido a las firmas para optar a su gestión o a la forma en la que las gestoras podrán acceder a los concursos públicos previstos. Lo aplaza todo a los pliegos de dichos concursos tras la aprobación este martes del anteproyecto de Ley reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo en Consejo de Ministros, un texto que no especifica ninguno de estos aspectos.

De esta forma, el anteproyecto no especifica el tope de esas comisiones, uno de los factores que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre ha criticado del sistema individual. Aunque no se ha desvelado un importe concreto, fuentes del Ministerio de Trabajo indican que las comisiones podrían ser similares a las que actualmente tienen los planes de empleo, de entorno al 0,2%.

De cumplirse, las comisiones planteadas serían inferiores a las previstas en el plan de recuperación elaborado por el Gobierno, que establecía una referencia del 0,5%. Sus altas comisiones y que los planes de pensiones individuales son específico de las rentas altas es uno de los mantras repetidos por socialistas y podemitas. Sin embargo, en el sistema individual hay casi 7,5 millones de partícipes, mientras que sólo uno de cada 10 españoles cuenta con un plan de empleo.

En cualquier caso, será el momento en el que se elaboren los pliegos para seleccionar a las entidades gestoras y depositarias en el que se conozcan más detalles al respecto. Y lo mismo sucederá con el patrimonio mínimo exigido a las firmas. Las gestoras deberán esperar a dichos documentos para saber si cumplen con este requisito, que antes sí formaba parte de la normativa pero que finalmente ha sido eliminado en el anteproyecto de ley.

Esas condiciones eran que el patrimonio gestionado por las entidades gestoras sea superior a los 1.000 millones y de que las entidades depositarias deban ser depositaria de un volumen de activos en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior al que se realice la propuesta superior a 10.000 millones de euros. Fuentes gubernamentales defienden que si se mantuvieran esas condiciones, la mayoría de las gestoras podrían acceder a los concursos.

Todavía no hay una fecha concreta de celebración del primero de ellos. Eso sí, tendrán acceso tanto gestoras españolas como internacionales que estén registradas en el país.

El Gobierno espera que el anteproyecto de la ley de planes de pensiones sea aprobado antes del 30 de junio de 2022 y que entre en vigor durante los primeros meses del próximo años para cumplir con el objetivo del plan de recuperación. Patronales y sindicatos, figuras que no se han tenido en cuenta en la aprobación de la posible nueva norma, podrán realizar aportaciones en el trámite de audiencia pública que ahora comienza.

Para promover la suscripción de estos planes de empleo, la norma reforzará su acceso en la negociación colectiva, de forma que cuando se pacte en un convenio sectorial se abrirá a todas las empresas del sector. El Ejecutivo pretende también simplificar su acceso con un sólo trámite frente a los siete actuales y mediante una plataforma digital común.

Control de los fondos

Por otro lado, dos organismos ejercerán la tutela de los fondos por la administración pública. Por un lado, la comisión promotora y de seguimiento, una figura que existe en todos los fondos de inversión, se encargará de realizar el diseño de los productos que el Gobierno pretende promocionar. Estará compuesta por nueve miembros, cinco funcionarios del Ministerio de Seguridad Social, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.

Este órgano nombrará a los integrantes de la otra figura de vigilancia, la comisión de control especial, que seguirá la labor desarrollada por las entidades gestoras y depositarias. Por ahora, la medida contempla que esté formada por 17 miembros, nueve de ellos representantes de la administración, cuatro de las organizaciones sindicales y los mismos para las empresariales.

Régimen fiscal más ventajoso

El impulso del Gobierno a los planes de pensiones de empleo también se produce a través de la fiscalidad, de forma que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incrementa aún más el límite de aportaciones a los planes de empleo con deducciones fiscales hasta 8.500 euros anuales, al tiempo que se reduce el de los planes individuales, hasta 1.500 euros. Esos 8.500 euros deben ser aportaciones equilibradas, es decir repartirse entre la aportación empresarial y del trabajador. Los autónomos, por su parte, podrán beneficiarse de ambos hasta un límite de 5.750 euros.